| Resumen: | En nuestro país, desde hace unas décadas atrás se viene implementando un modelo de desarrollo vinculado a la extracción de recursos naturales que implica actividades de tipo extractiva como la minera, el fracking y el agronegocio, entre otros, y que es impulsado por grandes empresas transnacionales que dominan sectores claves de la producción (Giarracca y Teubal, 2010). En palabras de Harvey (2004), dicho modelo se encuentra ligado a un proceso de acumulación por desposesión, que implica la mercantilización y apropiación de los bienes naturales y de territorios y con ello de derechos individuales y colectivos. Entre los elementos comunes de esta dinámica se puede destacar "la gran concentración de tierras, la escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción o monocultivo, la escasa diversificación económica y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva" (Svampa y Viale, 2014, p. 16). El mismo mantiene una serie de continuidades con respecto al modelo extractivo clásico de América Latina pero con la salvedad de tener un Estado con un rol más activo. A este fenómeno se lo conoce como neoextractivismo. El Estado interviene promoviendo la integración global verificado en proyectos y concreción de obras públicas, adecuaciones normativas, política fiscal, entre otros. Se trata, además, de un Estado compensador que capta, o intenta captar, mayores proporciones del excedente generado por los sectores extractivistas apelando a medidas como regalías o tributos más altos. A su vez, los gobiernos defienden estas prácticas extractivas sosteniendo que permiten recaudar fondos que son utilizados en programas de lucha contra la pobreza (Gudynas, 2010).Como parte de este modelo, la expansión arrocera experimentada en los últimos años, implicó un cambio en la escala de siembra y producción, donde grandes emprendimientos concentran importantes hectáreas y se apropian de valiosos bienes comunes como el agua y el suelo, aplican paquetes tecnológicos de punta y concretan la construcción de la infraestructura necesaria para la actividad. Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, el Estado termina constituyéndose como uno de los principales propulsores del desarrollo productivo arrocero (Vallejos y Pohl Schnake, 2014).Pero también el modelo neoextractivo trae consigo daños ambientales, ya que implica explotación y degradación de la naturaleza. Entre ellos, se enumera la contaminación del agua, del suelo, del aire, la desertificación, los derrames de químicos (que destruyen el suelo y contaminan el agua), etc., dejando a su paso tierras degradadas y cientos de hectáreas de suelo infértil; en resumen, el deterioro general de los bienes comunes y de los ecosistemas. En el presente trabajo se intentará abordar el proceso de expansión de la siembra del cultivo de arroz en Corrientes desde la década de 1990 hasta la actualidad, para analizar la concentración de la producción y las principales incidencias ambientales que esta actividad acarrea. Para llevar adelante la investigación, se realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes clave y calificados, observación directa en arroceras, análisis de trabajos bibliográficos y normativa vigente del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente. Asimismo, se trabajó con mapas y estadísticas de los Censos Nacionales Agropecuarios (INDEC, 1988; 2002), y otros datos del Ministerio de Agroindustria y de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz.
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